Después de 30 días, esto es lo que ha pasado en Santa Marta luego del paro armado que alteró la tranquilidad de la ciudad. La inseguridad, pese a todas las medidas, se siente.
Por Eduardo Marín Cuello
Hace un mes, el 5 de enero de 2012, Santa Marta (Norte de Colombia) era un pueblo fantasma, era, como se llamó en este blog "La ciudad de los callados". Todo, debido a un paro armado emprendido por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas, bandas criminales (Bacrim) que se encontraban 'dolidas' por el abatimiento de su máximo líder: Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny. Su hermano Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), quien quedó como máximo cabecilla en esta organización criminal dio la orden de que tanto el comercio, como el transporte, e incluso "alcaldías y demás entes de control", paralizaran sus actividades. Orden que fue ejecutada en esta zona del país por Melquicedec Henao Siro (Belisario).
Era plena temporada turística; la ciudad estaba abarrotada de turistas y el comercio se movía. Un duro golpe, sin duda, para la economía del Distrito, pues los buses estaban paralizados y el mercado público cerrado. La situación no era para menos y, rápidamente, se organizó un consejo de seguridad de emergencia, encabezado por los recién posesionados Alcalde y Comandante de Policía: Carlos Caicedo Omar y el teniente coronel Wilson Barón Calderón, quienes con algo de valentía y mucha presión militarizaron los puntos críticos del paro, los cuales visitaron invitando a los dueños de negocios a abrir sus puertas al público; era su deber, ya que, 24 horas antes, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón les había dado la confianza para luchar contra la inseguridad en esta ciudad.
Desde entonces, cerca de 800 hombres uniformados y armados, entre policías y soldados, custodian distintos sectores de la capital magdalenense, enfocándose principalmente en el mercado público, el Centro, y algunos barrios como María Eugenia y 11 de Noviembre. Así, y con ayuda de otras medidas de seguridad, se controló -relativamente- la situación de temor en que se encontraban los comerciantes y transportadores samarios.
Ese día fue jueves y al día siguiente, el viernes, el mismísimo presidente de la República, Juan Manuel Santos, vino a otro consejo de seguridad en Santa Marta y, tras romper una copia de los panfletos amenazantes, ofreció una recompensa de hasta $2 mil millones por Dairo Antonio Úsuga, a quien llamó "un tal alias Otoniel", y otra de $200 millones por 'Belisario' (Melquicedec Henao). Ese mismo día, la idea de una Policía Metropolitana de Santa Marta se fortaleció.
6 de enero y el transporte volvía a la normalidad, pero el comercio estaba moviéndose a media máquina. Poco a poco, debido a medidas de seguridad implementadas, como la prohibición de parrilleros en motocicletas después de 10 de la noche, la confianza retornó a los vendedores y la garantía de seguridad, solidificada en la figura de los uniformados que aún custodian el mercado, hizo volver la calma, pues ninguno se arriesgaría a llegar hasta el sector para ordenar cerrar los establecimientos, a sabiendas que en cada esquina hay un policía armado y que varios grupos de hasta 8 soldados (escuadras), dotados con armamento, patrullan el perímetro.
Sin embargo, las amenazas no cesaron inmediatamente. Pues, un vendedor del sector del mercado público, quien pidió proteger su identidad, aseguró que al menos una semana después del paro armado, recibió llamadas telefónicas en las que le advertían que cerrara su negocio o enfrentaría las consecuencias.
El tiempo, tal vez, sumado a la declaración de guerra hecha por el Presidente contra esta banda criminal que también se conoce como Los Urabeños, parecen haber calmado la tormenta que fue ese silencioso 5 de enero en esta ciudad. Aunque, es válido decir, que pese a que se observan espacios militarizados y constantes controles policiales, la sensación de inseguridad de la gente en la calle es grande, pues el riesgo de atracos y asesinatos, cometidos con ayuda de armas de fuego y motocicletas, es latente.
Prueba de ello es que en el mes de enero, pese a todas las medidas implementadas -entre las que está la prohibición del porte de armas en Santa Marta por un mes (hasta las 6 de la tarde del próximo 7 de febrero)-, se presentaron 17 asesinatos en la ciudad, de los cuales 16 fueron con arma de fuego. Estas cifras, reveladas en el informe de Medicina Legal, hacen parte de los 27 homicidios ocurridos en todo el departamento del Magdalena, solo 2 menos que en el mismo lapso del año anterior.
Otras cifras, que no se han actualizado hasta hoy 5 de febrero, son las de capturas y decomiso de armas en este mes, pues sólo se conoce que hasta el 11 de enero, seis días después del paro, 16 personas fueron capturadas y 12 armas de fuego sin salvoconducto, fueron decomisadas.
De esos 17 homicidios, 3 ocurrieron en el mismo ataque: las víctimas murieron al ser baleados dentro de un taxi que esperaba el cambio de luz en el semáforo de la avenida del Ferrocarril con carrera 19, la noche del lunes 23 de enero. Las pesquisas correspondientes han arrojado que la causa de este triple homicidio que dejó herido al taxista, quien al parecer está al margen de todo, fue un ajuste de cuentas entre bandas delicuenciales, como explicó el alcalde Caicedo en rueda de prensa.
Ayer, 4 de febrero, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes y la gestora social, Rosa Cotes de Zúñiga, (esposa del ex alcalde de Santa Marta José Francisco 'Chico' Zúñiga) -nombrada en ese cargo ante la soltería del joven gobernador- encabezaron una marcha en contra de la violencia que ha azotado en estos 36 días del 2012 al distrito y al departamento.
Hoy, la ciudad no está callada como hace un mes; está ruidosa como siempre, como es natural en el Caribe. Además está militarizada, pero con una sensación de inseguridad que inquieta a los transeúntes.
Por Eduardo Marín Cuello
Hace un mes, el 5 de enero de 2012, Santa Marta (Norte de Colombia) era un pueblo fantasma, era, como se llamó en este blog "La ciudad de los callados". Todo, debido a un paro armado emprendido por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas, bandas criminales (Bacrim) que se encontraban 'dolidas' por el abatimiento de su máximo líder: Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny. Su hermano Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), quien quedó como máximo cabecilla en esta organización criminal dio la orden de que tanto el comercio, como el transporte, e incluso "alcaldías y demás entes de control", paralizaran sus actividades. Orden que fue ejecutada en esta zona del país por Melquicedec Henao Siro (Belisario).
Era plena temporada turística; la ciudad estaba abarrotada de turistas y el comercio se movía. Un duro golpe, sin duda, para la economía del Distrito, pues los buses estaban paralizados y el mercado público cerrado. La situación no era para menos y, rápidamente, se organizó un consejo de seguridad de emergencia, encabezado por los recién posesionados Alcalde y Comandante de Policía: Carlos Caicedo Omar y el teniente coronel Wilson Barón Calderón, quienes con algo de valentía y mucha presión militarizaron los puntos críticos del paro, los cuales visitaron invitando a los dueños de negocios a abrir sus puertas al público; era su deber, ya que, 24 horas antes, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón les había dado la confianza para luchar contra la inseguridad en esta ciudad.
Desde entonces, cerca de 800 hombres uniformados y armados, entre policías y soldados, custodian distintos sectores de la capital magdalenense, enfocándose principalmente en el mercado público, el Centro, y algunos barrios como María Eugenia y 11 de Noviembre. Así, y con ayuda de otras medidas de seguridad, se controló -relativamente- la situación de temor en que se encontraban los comerciantes y transportadores samarios.
Ese día fue jueves y al día siguiente, el viernes, el mismísimo presidente de la República, Juan Manuel Santos, vino a otro consejo de seguridad en Santa Marta y, tras romper una copia de los panfletos amenazantes, ofreció una recompensa de hasta $2 mil millones por Dairo Antonio Úsuga, a quien llamó "un tal alias Otoniel", y otra de $200 millones por 'Belisario' (Melquicedec Henao). Ese mismo día, la idea de una Policía Metropolitana de Santa Marta se fortaleció.
6 de enero y el transporte volvía a la normalidad, pero el comercio estaba moviéndose a media máquina. Poco a poco, debido a medidas de seguridad implementadas, como la prohibición de parrilleros en motocicletas después de 10 de la noche, la confianza retornó a los vendedores y la garantía de seguridad, solidificada en la figura de los uniformados que aún custodian el mercado, hizo volver la calma, pues ninguno se arriesgaría a llegar hasta el sector para ordenar cerrar los establecimientos, a sabiendas que en cada esquina hay un policía armado y que varios grupos de hasta 8 soldados (escuadras), dotados con armamento, patrullan el perímetro.
Sin embargo, las amenazas no cesaron inmediatamente. Pues, un vendedor del sector del mercado público, quien pidió proteger su identidad, aseguró que al menos una semana después del paro armado, recibió llamadas telefónicas en las que le advertían que cerrara su negocio o enfrentaría las consecuencias.
El tiempo, tal vez, sumado a la declaración de guerra hecha por el Presidente contra esta banda criminal que también se conoce como Los Urabeños, parecen haber calmado la tormenta que fue ese silencioso 5 de enero en esta ciudad. Aunque, es válido decir, que pese a que se observan espacios militarizados y constantes controles policiales, la sensación de inseguridad de la gente en la calle es grande, pues el riesgo de atracos y asesinatos, cometidos con ayuda de armas de fuego y motocicletas, es latente.
Prueba de ello es que en el mes de enero, pese a todas las medidas implementadas -entre las que está la prohibición del porte de armas en Santa Marta por un mes (hasta las 6 de la tarde del próximo 7 de febrero)-, se presentaron 17 asesinatos en la ciudad, de los cuales 16 fueron con arma de fuego. Estas cifras, reveladas en el informe de Medicina Legal, hacen parte de los 27 homicidios ocurridos en todo el departamento del Magdalena, solo 2 menos que en el mismo lapso del año anterior.
Otras cifras, que no se han actualizado hasta hoy 5 de febrero, son las de capturas y decomiso de armas en este mes, pues sólo se conoce que hasta el 11 de enero, seis días después del paro, 16 personas fueron capturadas y 12 armas de fuego sin salvoconducto, fueron decomisadas.
De esos 17 homicidios, 3 ocurrieron en el mismo ataque: las víctimas murieron al ser baleados dentro de un taxi que esperaba el cambio de luz en el semáforo de la avenida del Ferrocarril con carrera 19, la noche del lunes 23 de enero. Las pesquisas correspondientes han arrojado que la causa de este triple homicidio que dejó herido al taxista, quien al parecer está al margen de todo, fue un ajuste de cuentas entre bandas delicuenciales, como explicó el alcalde Caicedo en rueda de prensa.
Ayer, 4 de febrero, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes y la gestora social, Rosa Cotes de Zúñiga, (esposa del ex alcalde de Santa Marta José Francisco 'Chico' Zúñiga) -nombrada en ese cargo ante la soltería del joven gobernador- encabezaron una marcha en contra de la violencia que ha azotado en estos 36 días del 2012 al distrito y al departamento.
Hoy, la ciudad no está callada como hace un mes; está ruidosa como siempre, como es natural en el Caribe. Además está militarizada, pero con una sensación de inseguridad que inquieta a los transeúntes.