La Personería de Santa Marta emitió la Alerta Electoral Preventiva No. 001-2026, advirtiendo que el colapso de la estructura sobre el río Mendihuaca pone en riesgo el derecho al voto de más de 5.000 ciudadanos en la zona rural.
).png)
A escasas semanas de las elecciones al Congreso de la República, la conectividad vial de la Sierra Nevada se ha convertido en el principal enemigo de la jornada democrática. El cierre de la vía hacia el corregimiento de Guachaca, oficializado tras la Resolución 0250 de febrero de 2026, ha dejado al descubierto la fragilidad logística del Distrito para garantizar el sufragio en sus territorios más apartados.
Desde un punto de vista analítico, el personero distrital, Edwar Orozco Oñate, introduce un concepto alarmante: el abstencionismo forzado. No se trata de una falta de voluntad del ciudadano, sino de una barrera física impuesta por el Estado al no garantizar la infraestructura básica. Según la Personería, la ausencia de una solución inmediata no solo incomunica a los habitantes, sino que fractura la cadena de custodia necesaria para la transparencia electoral.
Los riesgos críticos identificados por el ente de control son el bloqueo logístico, evidenciado en la imposibilidad de trasladar kits electorales, jurados y testigos; la vulneración del sufragio, que se materializaría si 5.000 ciudadanos quedan sin garantías de movilidad hacia las urnas de la zona, y la incertidumbre en el escrutinio; pues -de darse las elecciones allí, se corre el riesgo de no poder retornar el material votado en los tiempos de ley.
La situación trasciende lo local y pone a prueba la capacidad de respuesta nacional. La Personería ha sido enfática al exigir al Ministerio del Interior, la Registraduría y al INVIAS la instalación de un puente militar provisional. Sin esta infraestructura, cualquier plan de contingencia basado en rutas fluviales o aéreas resultaría insuficiente y costoso, dada la densidad poblacional afectada.
La mirada analítica sugiere que esta crisis es el resultado de una omisión institucional prolongada. El puente Mendihuaca no es solo cemento; hoy es el vínculo jurídico entre el ciudadano y su representación política. La advertencia es clara: si el Ministerio de Transporte y la Alcaldía Distrital no actúan con celeridad antes del certamen, las elecciones de 2026 podrían quedar manchadas por la exclusión de una de las zonas rurales más vibrantes del Magdalena.
La Personería ya ha dado traslado del caso a la Procuraduría General de la Nación y no descarta el inicio de acciones constitucionales para proteger el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Por ahora, si el puente provisional no se instala antes de la última semana de febrero, el riesgo de nulidad o impugnación de mesas en la zona de Guachaca por "falta de garantías" será una realidad jurídica difícil de evadir para el Consejo Nacional Electoral.